Hoy se realizo la conferencia de prensa de la Alianza Mundial de los pueblos indígenas y las comunidades locales contra REDD y por la vida. Hicieron un llamado a una moratoria sobre Reducción de Emisiones por la deforestación y degradación forestal REDD+, COP 17 Durban Sudáfrica, en la conferencia estuvieron presentes:
Tom Goldtooth – Indigenous Environmental Network
Helena Poul – Econexus
Godwin de Nigeria de Amigos de la Tierra
Marlon Santi de la comunidad de Sarayaku Ecuador
Berenice Sánchez de México, de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y El Caribe (RMIB-LAC)
Joseph K. Towett, OGIEK Welfare Council – OGIEK Council of Elder - Kenia
Y dieron a conocer la siguiente declaración
Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales Contra REDD y por la Vida
Hacemos un llamado por una Moratoria sobre Reducción de Emisiones
por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+)
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 17 Conferencia de las Partes
Durban, Sudáfrica, 5 de Diciembre de 2011
La Alianza de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales contra REDD y por la Vida, hace un llamado para una moratoria sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) en la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC), hasta que las siguientes preocupaciones estén plenamente abordadas y resueltas. Sin embargo, nos reservamos el derecho de expandir estas demandas.
Nuestro llamado por una moratoria se fundamenta en el principio de precaución que plantea que, “cuando una actividad amenaza con perjudicar la salud humana o el medio ambiente, las medidas de precaución deberían tomarse aún si algunas relaciones de causa y efecto no se establezcan científicamente.” La moratoria que estamos exigiendo es la precaución que debe tomarse para asegurar nuestros derechos y medio ambiente porque la mayoría de los bosques del mundo se encuentran en las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
REDD+ amenaza la supervivencia de los Pueblos Indígenas y comunidades que dependen de los bosques y podría resultar en el despojo de tierra más grande de todo el tiempo. Basado en investigaciones profundas un número creciente de informes recientes proporciona evidencia que los pueblos indígenas están siendo sometidos a violaciones de sus derechos como resultado de la implementación de políticas y programas tipo REDD+, incluyendo: el derecho a la vida de los opositores a REDD, desplazamiento forzoso y reubicación involuntaria, la pérdida de tierras, territorios y recursos, medios de sustento, soberanía y seguridad alimentaria, y la imposición del llamado “sustento alternativo” que resulta en la separación de nuestra gente de sus comunidades, culturas y conocimiento tradicional. De igual forma, nuestros derechos al consentimiento, libre, previo e informado, libre determinación y autonomía, consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI), están también violados. Cabe señalar que las mismas Naciones Unidas reconocen que REDD+ podría resultar en la clausura de los bosques. Además REDD+ se presenta como un medio para fortalecer los derechos a la tenencia de la tierra, pero de hecho se utiliza para debilitarlos.
Denunciamos que las salvaguardas contenidas en Los Acuerdos de Cancún no conforman un marco que no previene ni detiene la violación de nuestros derechos individuales y colectivos establecidos bajo la DNIPI y otros instrumentos internacionales; dado que no establecen obligaciones jurídicamente vinculantes, ni mecanismos para garantizar nuestros derechos, presentar quejas o exigir la reparación de daños. Los esfuerzos que hemos realizado para fortalecer las salvaguardas sobre derechos humanos en la COP17 han sido rechazados por los grupos de contacto pertinentes de SBSTA y LCA dentro del proceso de la Convención.
REDD+ y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) promueven la privatización y comodificación de los bosques, los árboles y el aire a través del comercio y compensación de carbono de los bosques, suelos, agricultura, y podría incluir hasta los océanos. Esto podría comodificar casi toda la superficie de la Madre Tierra, lastimar nuestra relación con lo sagrado y violar los derechos de la Madre Tierra. Denunciamos que los mercados de carbono son una hipocresía que no detendrán el calentamiento global.
También manifestamos nuestra profunda preocupación en torno a que las fuentes de financiamiento para la compensación de carbono para REDD+ provengan del sector privado y de los mercados de carbono en los cuales están implicadas las industrias extractivas. Los mercados de carbono y REDD+ convierten nuestros territorios y bosques en una suerte de basureros de carbono, mientras los mayores responsables de la crisis climática no asumen compromisos vinculantes de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y continuaran generando ganancias. El mismo Banco Mundial ha informado “que la composición de los flujos financieros requeridos para la estabilización y adaptación climática, serán, a largo plazo, principalmente del sector privado.”
REDD+ no solamente perjudica a los pueblos indígenas y comunidades locales sino también al medio ambiente. REDD+ promueve las plantaciones industriales y puede incluir la siembra de árboles transgénicos. Los incentivos perversos ya están aumentando la deforestación y la substitución de bosques nativos con monocultivos.
REDD+ pone en peligro el futuro de la humanidad y el equilibrio de la Madre Tierra porque fomenta el uso de combustibles fósiles, que es la causa principal de la crisis climática. De acuerdo con el Director de la NASA, James Hansen, el climátólogo más distinguido del mundo, “Los países industrializados podrían compensar de 24-69% de sus emisiones a través del MDL y REDD… así evitando las reducciones nacionales necesarias que se requieren para que las emisiones lleguen a su auge a partir de 2015.”
Los proyectos tipo REDD causan conflicto dentro y entre comunidades indígenas, y otras poblaciones vulnerables. La pérdida del uso tradicional de los bosques, los incentivos financieros, el convertir los bosques en mercancía, la especulación financiera y el despojo de tierras socavan nuestros sistemas tradicionales de gobernanza, generan conflictos .
Además, cada vez que una comunidad firma un contrato sobre REDD+ en un país en vías de desarrollo, que proporciona créditos para contaminar a la industria de combustibles fósiles y otros responsables del cambio climático, permite la destrucción ambiental y lastima a comunidades vulnerables, en otros lugares, incluyendo en el norte. Por favorecer la explotación y quema continua de los combustibles fósiles, REDD+ permite continuar con la contaminación en países industrializados, amenazando así a las comunidades en el Norte que ya están sobrecargadas con esos impactos. No es posible reformar o reglamentar REDD+ para prevenir esta situación.
Debido a los problemas en la determinación de la línea de base, fugas, permanencia, monitoreo, reporte y verificación que los formuladores de políticas y metodologías no están dispuestos y no pueden solucionar, REDD+ está socavando el régimen climático, violando también el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas establecido bajo la Convención. Los créditos para contaminar, generados por REDD+ obstaculizan la única solución viable al cambio climático: mantener el petróleo, carbón y el gas natural en el subsuelo. Tal como los créditos de carbono producidos bajo el MDL del Protocolo de Kioto, REDD+ no tiene la intención de lograr reducciones verdaderas de emisiones, si no simplemente “compensar” por el uso excesivo de combustibles fósiles en otros lugares.
Además, el carbón biótico –el carbón almacenado en bosques—nunca puede ser el equivalente climático al carbono fosilizado del subsuelo. El dióxido de carbono resultado de la quema de combustibles fósiles se añade a la sobrecarga general del carbono perpetuamente circulando entre la atmósfera, vegetación, suelos y océanos. Esta inequivalencia, entre muchas otras complejidades, hace que la rendición de cuentas de carbono de REDD+ sea imposible, así, permitiendo que los comerciantes de carbono inflen el valor de los créditos de carbono de REDD con impunidad.
Con sustento en lo antes establecido, hacemos un llamado urgente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y las organizaciones de derechos humanos a que investiguen y documenten las violaciones provenientes de los políticas y proyectos tipo-REDD+, asimismo que preparen los informes, emitan recomendaciones, y establezcan medidas cautelares y reparaciones para garantizar la implementación de UNDRIP, y otros instrumentos y normas relacionadas.
En resumen, las políticas y proyectos tipo REDD+ están avanzando muy rápidamente, permitiendo que preocupaciones cruciales sobre derechos humanos y medio ambiente sean descartados. Reafirmamos la necesidad de una moratoria sobre REDD+. En conclusión, enfatizamos que los bosques están conservados y manejados exitosamente con la gobernanza indígena sobre las tierras y territorios colectivos de los Pueblos Indígenas.
Global Alliance of Indigenous Peoples and Local Communities against REDD and for Life
Calls for a Moratorium on Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+)
United Nations Framework Convention on Climate Change, 17th Conference of the Parties
Durban, South Africa, December 5, 2011
The Global Alliance of Indigenous Peoples and Local Communities against REDD and for Life calls for a moratorium on Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+) at the 17th Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), until the following concerns are fully addressed and resolved. However, we reserve the right to expand these demands.
Our call for a moratorium is based upon the precautionary principle which says that, “when an activity raises threats of harm to human health or the environment, precautionary measures should be taken even if some cause and effect relationships are not established scientifically.” The moratorium that we are demanding is the precaution that must be taken to ensure our rights and our environment because the majority of the forests of the world are found in the land and territories of indigenous peoples.
REDD+ threatens the survival of Indigenous Peoples and forest-dependent communities and could result in the biggest land grab of all time. Based on in depth investigations, a growing number of recent reports provides evidence that Indigenous Peoples are being subjected to violations of their rights as a result of the implementation of REDD+-type policies and programs, including: the right to life of objectors to REDD+, forced displacements and involuntary resettlement, the loss of lands, territories and resources, means of subsistence, food sovereignty and security, and the imposition of so-called “alternative livelihoods” that lead to separation of our people from their communities, cultures y traditional knowledge. Similarly, our rights to free, prior and informed consent, self-determination and autonomy consecrated in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIPs) are also violated. It is worth noting that the United Nations itself recognizes that REDD+ could result in the “lock-up of forests”. Furthermore, REDD+ is portrayed as a vehicle for strengthening land tenure rights, but, in fact, is used to weaken them.
We denounce that the safeguards contained in the Cancun Accords do not provide a framework that prevents or halts the violation of our individual and collective rights established by UNDRIPs; given that they do not establish legally binding obligations or mechanisms to guarantee our rights, present complaints, or demand reparations. The efforts we have made to strengthen human rights safeguards at COP 17 have been rebuffed by relevant Contact Groups of SBSTA and LCA within the UNFCCC process.
REDD+ and the Clean Development Mechanism (CDM) promote the privatization and commodification of forests, trees and air through carbon markets and offsets from forests, soils, agriculture and could even include the oceans. This could commodify almost the entire surface of Mother Earth, hurts our relationship with the sacred and violates the rights of Mother Earth. We denounce that carbon markets are a hypocrisy that will not stop global warming.
We also share our profound concern that the sources of financing for REDD+ carbon offsets come from the private sector and carbon markets, which extractive industries are involved in. Carbon markets and REDD+ convert our territories and forests into carbon dumps, while those most responsible for the climate crisis do not commit to legally binding reductions of greenhouse gas emissions and continue to make profits. The World Bank itself has reported that the “financial flows required for climate stabilization and adaptation, will in the long run be mainly private in composition.”
REDD+ not only harms Indigenous Peoples and local communities, but also damages the environment. REDD+ promotes industrial plantations and could include planting genetically modified trees. Perverse incentives are already increasing deforestation and the substitution of native forests with monocultures.
REDD+ jeopardize the human future and the balance of Mother Earth because it entrenches fossil fuel use, which is the major cause of the climate crisis. According to the Director of NASA, James Hansen, the world’s most distinguished climatologist, “industrialized countries could offset 24-69% of their emissions via the CDM and REDD… thus avoiding the necessary domestic cuts that are required to peak emissions around 2015.”
REDD+-type projects lead to conflicts within and between indigenous communities and other vulnerable populations. The loss of traditional use of forest, financial incentives, converting forests into commodities, financial speculation and land grabs undermine our traditional systems of governance, generate conflicts.
Furthermore, every time that a community signs a REDD+ contract in a developing country, which provides pollution credits for the fossil fuel industry and other entities responsible for climate change, it allows environmental destruction and hurts vulnerable communities elsewhere, including in the North. By favoring continued exploitation and burning of fossil fuels, REDD+ allows for the continuation of pollution in industrialized countries, further threatening communities in the North that are already overburdened by these impacts. It is not possible to reform or regulate REDD+ to prevent this situation.
Due to the problems of calculating baselines, leakage, permanence, monitoring, reporting and verification that policy makers and methodology designers are not willing and cannot solve, REDD+ is undermining the climate regime and violating the principle of common but differentiated responsibility established under the UNFCCC. Pollution credits generated by REDD+ obstruct the only workable solution to climate change: keeping oil, coal and gas in the ground. Like the carbon credits produced under the Kyoto Protocol’s CDM, REDD+ is not intended to achieve real emissions reductions, but merely to “compensate” for excessive fossil fuel use elsewhere.
Furthermore, biotic carbon – the carbon stored in forests – can never be the climatic equivalent to fossilized carbon kept underground. Carbon dioxide from burning fossil fuels adds to the overall burden of carbon perpetually circulating between the atmosphere, vegetation, soils and oceans. This inequivalence, among many other complexities, makes REDD carbon accounting impossible, allowing carbon traders to inflate the value of REDD carbon credits with impunity.
Based on the above, we urgently call for the United Nations Human Rights Council, the Office of the High Commissioner on Human Rights, the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues and human rights organizations to investigate and document the violations from REDD+-type policies and projects, as well as
to prepare reports, issue recommendations and establish precautionary measures and reparations to guarantee the implementation of UNDRIPs and other instruments and norms.
In summary, REDD+-type policies and projects are moving too quickly, allowing crucial human rights and environmental concerns to be sidelined or dismissed. We reaffirm the need for the moratorium on REDD+. In conclusion, we emphasize that forests are most successfully conserved and managed with indigenous governance of the collective lands and territories of Indigenous Peoples.
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Hortencia Hidalgo Caceres
